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1, 2, 3 a demandar otra vez: los accionistas de Banco Popular preparan una avalancha de acciones judiciales

Ana Amigo,  Miércoles, 14 de Junio de 2017
Cuando aún no se nos ha pasado la resaca de la salida a bolsa de Bankia, la estafa de las preferentes o la cláusula suelo, los abogados especialistas en derecho bancario tienen ya abierto un nuevo frente judicial: las acciones de Banco Popular. Algo más de 300.000 accionistas se desayunaron la mañana del pasado 7 de junio con la noticia de que sus acciones no valían nada.
Sucursal del Banco Popular.

Entre los perjudicados muchos son pequeños accionistas que confiaron en la llamada de su director de sucursal “de toda la vida” que les invitó a acudir a la ampliación capital; otros, nos dicen fuentes de la entidad, son clientes que se acercaban al banco a solicitar un crédito y una vez concedido se les “animaba” a que comprasen un pequeño paquete de acciones en compensación, por lo “generoso” que estaba siendo el banco con ellos; también los propios empleados de la entidad están afectados. Alrededor de 10.000 empleados han comprado, e incluso encontramos entre los afectados casos que “huelen a ilegalidad” -aunque eso lo tendrán que decir los tribunales- de empleados del Popular que solicitaron créditos al banco para hacerse con las acciones. Una vez que las acciones valen 0, el banco les reclama sin remordimientos el crédito concedido.


¿Realmente está todo perdido?

Desde El Consumidor Seguro nos hemos puesto en contacto con el letrado Jesús Garriga del despacho Garriga Abogados, quien lleva más de 25 años trabajando en el ámbito del derecho bancario y que recientemente ha sido galardonado con la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional y con el premio La Ley 2017, entre otros reconocimientos.

 

Garriga nos explica que ante la comunicación del BCE al FROB de la inviabilidad e Banco Popular el pasado 6 de junio por considerar que la entidad no puede hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a su vencimiento, la comisión rectora del FROB adoptó al día siguiente la decisión de resolver la entidad tomando las siguientes decisiones:

 

1.- Reducir el capital social a ‘0’ euros, amortizando la totalidad de las acciones.

 

2.- Realizar un aumento de capital mediante la conversión en acciones de todos los instrumentos de capital adicional de nivel 1 para seguidamente reducir el capital social nuevamente a ‘0’ mediante la amortización de las acciones resultantes.

 

3.- Simultáneamente acordar un nuevo aumento de capital mediante la conversión en acciones de todos los instrumentos de capital de nivel 2 en acciones de nueva emisión y transmitir la totalidad de estas nuevas acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital de nivel 2 a Banco de Santander, S.A. por el precio simbólico de 1 euros.

 

En términos llanos, nos aclara el letrado, “la resolución del FROB significa que todos los accionistas, tenedores de participaciones preferentes y otros instrumentos de capital de nivel 1, los titulares de deuda subordinada y otros instrumentos de capital de nivel 2, ven reducida su inversión a ‘0’ euros, es decir, lo pierden todo”.

 

¿Significa esto que los clientes que, por consejo de la entidad, adquirieron participaciones preferentes, bonos obligatoriamente convertibles en acciones o las propias acciones en las sucesivas ampliaciones de capital han de resignarse a soportar la pérdida total de su dinero?

 

“Obviamente que no”, afirma categórico. “De hecho, es demostrable que Banco Popular ocultó a sus clientes la mala situación financiera que venía arrastrando desde al menos el año 2008, ocultándoles igualmente sus pérdidas continuadas y no informándoles de las continuas bajadas de rating que, tanto a la entidad como a su deuda, le asignaban las agencias calificadoras, aparentando una situación de solvencia de la que carecía. Este hecho es suficiente para que aquellos clientes a los que la entidad les ha comercializado tanto las acciones, como instrumentos financieros complejos puedan recuperar su inversión, siguiendo la doctrina sentada a este respecto por nuestros tribunales y juzgados, sin necesidad de cuestionar el proceso de resolución de la entidad que también tiene sus lagunas -de hecho, varias agrupaciones de accionistas importantes ya han presentado denuncia o querella ante la Audiencia Nacional-”.

 

Eso sí, Jesús Garriga alerta de que “solamente recuperará su dinero aquel que se mueva, el que luche por sus derechos. Quien se aquiete consolidará la pérdida total de su dinero”.


Una nueva versión del caso Bankia

También en abogado murciano Carlos Arnau, miembro de Red Abafi, abogados y especialistas en derecho bancario y financiero, coincide en esta interpretación de los hechos y ve grandes paralelismos con el caso Bankia. “La ampliación de capital del Popular a finales de mayo de 2016 ascendió aproximadamente a 2.500 millones de euros, dejando aparte a los afectados por deuda subordinada o bonos convertibles en acciones. Y ahora, en junio de 2017, se convierte en la primera entidad liquidada por el mecanismo único de resolución de la Unión Europea. Es evidente que en tan corto espacio de tiempo de una situación a otra acredita la poca veracidad de sus cuentas y de las auditorías practicadas a la entidad”, afirma Arnau.

 

Además, la semana pasada se produjo una importantísima fuga de depósitos de fondos privados, pero también de algunas Comunidades Autónomas, ayuntamiento e incluso de la Seguridad Social, “lo que acredita que no eran ignorantes de su situación”, añade.

 

Para Carlos Arnau, “la situación de los afectados es muy parecida en su momento a la producida con la salida a Bolsa de Bankia, recordemos que las cuentas de esta entidad en su momento, y así quedó acreditado, en ningún caso correspondían a la situación real de la entidad, originando una multitud de demandas y reclamaciones para que los afectados pudieran recuperar su inversión”. “Esta semana también se ha conocido que diversas asociaciones están anunciando la interposición de querellas contra los gestores de la entidad, y su auditora, por estafa y falsedad documental. Parece por tanto evidentes los paralelismos entre lo ocurrido con Bankia y lo que ahora acontece con Banco Popular”.

 

Por otra parte, fuentes del sector también comentan que algunos fondos de inversión se están empezando a poner en contacto con accionistas para comprarles sus derechos sobre las acciones -que, aunque no valen nada les dan el derecho a poder iniciar acciones judiciales-. Se habla incluso de que pagarían unos 0,40 euros por acción. Sin duda este tipo de operaciones deja ver que ‘los que saben de esto’ ven posibilidades reales de ganar las demandas contra la entidad y recuperar el dinero de los accionistas.


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