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Los consumidores se hacen un hueco en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos

Redacción,  Martes, 30 de Agosto de 2016
El pacto de investidura firmado entre PP y Ciudadanos, al margen de que las medidas afectan en mayor o menor medida a los consumidores en general, contempla medidas específicas en lo que se refiere a la vigilancia y protección de los mismos.
Foto: @PPopular

Uno de los apartados del pacto entre ambos partidos considera fundamental que los mercados de bienes y servicios cumplan de la forma más eficiente la labor de asignación que desempeñan en la sociedad, satisfaciendo las demandas de los consumidores y vigilando la competitividad de nuestro sistema productivo. Para ello es imprescindible garantizar la independencia y evitar injerencias políticas en los organismos reguladores. La mala asignación de recursos y la falta de competencia tienen un coste altísimo en términos de productividad para la sociedad, afirman.

 

Para ello, los partidos firmantes consideran que mejorar la regulación económica de los distintos sectores es una tarea permanente y proponen las siguientes medidas:


- Garantizar la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno. Las Autoridades Administrativas Independientes poseerán independencia orgánica y funcional, incluyendo su financiación con tasas establecidas por ley. Sus presidentes y consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocido prestigio y con más de 10 de experiencia profesional. Y sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos transparentes y meritocráticos.

 

- Separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes, siguiendo el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno. Una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados, en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, servicios postales y el juego. Y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) promoverá la competencia y la aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. La AIDeCo asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios, siguiendo el modelo imperante en la UE, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.

 

Proponen también reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes Administraciones basados en la lealtad institucional.


Atención especial al ámbito financiero

En el ámbito financiero que tantos problemas ha creado a los consumidores en los últimos años, proponen crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero. Su objetivo es unificar y reforzar los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros. Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros para minoristas (por ejemplo, de hipotecas) para evitar fraudes a los consumidores justificados en la ‘letra pequeña’ de los contratos.

 

El objetivo general es reforzar los derechos de los consumidores y usuarios. Para ello se reformará la Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las ‘cláusulas suelo’ y que únicamente fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado. Paralelamente, se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, así como la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares, para evitar situaciones de fraude y estafa. También se facilitará que los clientes bancarios cuenten con información puntual a través de medios electrónicos, por ejemplo, respecto de las situaciones que puedan dar lugar a un descubierto y, por tanto, a un coste adicional no previsto.


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