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En 3 meses y en metálico, así serán las devoluciones por cláusula suelo

Ana Amigo,  Lunes, 23 de Enero de 2017
Ya está listo el procedimiento para la devolución de las cantidades cobradas de más por aplicación de la cláusula suelo.
Las cantidades devueltas al consumidor estarán exentas de tributación por IRPF.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se establece el mecanismo extrajudicial, un trámite que será gratuito para el consumidor. Las entidades bancarias tendrán un plazo de 3 meses para resolver las reclamaciones. Se priorizará el pago en efectivo, aunque se deja la puerta abierta a negociaciones entre el cliente y la entidad para acordar otras fórmulas. El Gobierno también propone crear una comisión de seguimiento que vigilará el proceso.

 

Se establece por tanto un mecanismo de reclamación previo a la interposición de demandas judiciales, voluntario para el consumidor. Para las entidades bancarias sí es obligatorio poner en marcha en un mes el procedimiento, y tienen la obligación de informar a sus clientes afectados de que el mecanismo ya está operativo y que no le va a suponer ningún coste adicional. Los bancos, tras recibir la reclamación por parte del cliente, harán el cálculo de las cantidades a devolver, incluyendo los intereses, y una vez confirmado por el cliente en 3 meses se procederá a la devolución, preferiblemente en metálico.

 

Este procedimiento no impide, si el cliente lo desea, acudir a la vía judicial. Pero eso sí, primero tiene que resolverse la vía extrajudicial. Para quienes ya estén en proceso en los tribunales, se permite solicitar una suspensión y adherirse al nuevo sistema.

 

El Real Decreto Ley también regula las costas en caso de acudir a la vía judicial, según el Gobierno, “para incentivar que la entidad devuelva de forma adecuada y de buena fe”. Si el consumidor demanda y la sentencia es más favorable de lo que sería el acuerdo extrajudicial, la entidad será condenada en costas.

 

El objetivo del mecanismo es, en definitiva, evitar el colapso de los tribunales y que el proceso se lleve a cabo con todas las garantías para el consumidor, según explica el Gobierno.


Tratamiento fiscal

Las cantidades devueltas al consumidor estarán exentas de tributación por IRPF. “No se integrará en la base imponible de este Impuesto la devolución, o la adopción de otras medidas de compensación, como consecuencia de acuerdos celebrados con entidades financieras, de las cantidades previamente satisfechas a estas últimas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos”, dice textualmente el Real Decreto.

 

Otra cosa son las deducciones aplicadas por adquisición de vivienda habitual para las hipotecas firmadas antes de diciembre de 2012, que sí habría que recalcular de nuevo sobre las últimas cuatro declaraciones todavía no prescritas y devolver a Hacienda el exceso de deducción.


Opiniones encontradas

No siempre llueve a gusto de todos y este caso no podía ser la excepción. Asociaciones de consumidores como Adicae siempre han defendido las resoluciones extrajudiciales, pero no creen que el Real Decreto Ley aprobado sea el más apropiado, ya que “deja muchos flancos abiertos a los intereses de la banca, que podrían malograr una solución justa o incluso acabar masivamente en los tribunales de justicia”.

 

La asociación teme que el procedimiento pueda “dejar a una gran cantidad de afectados sin recuperar las cantidades que la Justicia les ha reconocido y propiciar quitas o ‘colocación’ de productos que solo interesan a las entidades”. La asociación aboga por una solución de “carácter universal para todos los consumidores cuyo préstamo contenga o haya contenido la cláusula suelo”. De tal forma que se incluiría a quienes ya hayan finalizado el préstamo, los que se vieran afectados por sentencias previas al TJUE o los que hayan suscritos acuerdos con el banco anteriores, que ahora mismo parecen quedar fuera del nuevo sistema.

 

Adicae mantiene que la reclamación colectiva sería mucho más efectiva, no tratar caso por caso como finalmente se hará. “Los bancos tendrían que clasificar a todos sus afectados por grupos o segmentos y presentar una oferta general para cada grupo a las asociaciones”, dicen.

 

Desde Asufin, su presidenta Patricia Suárez, también se muestra crítica. En primer lugar, porque “las entidades condenadas por el Supremo deberían haber tomado la iniciativa y no esperar a este Real Decreto. Por otro lado, esto no es obligatorio para todas las entidades. No sabemos cuáles se acogerán a este RD y cuáles no, esto no es una buena noticia. En este sentido, no nos parece correcto que la entidad tenga la facultad de ofrecer menos importe del que realmente le ha costado la cláusula suelo al cliente. Por último, nos parece una barbaridad la disposición adicional segunda que permite ofrecer otros productos en lugar de dinero”.

 

Cuestión aparte es la reacción del sector de la abogacía. Sorprendentemente el Consejo General de la Abogacía “considera muy positivo que se establezca un sistema extrajudicial para resolver los litigios sobre las cláusulas suelo, procedimiento que permite agilizar los trámites y reducir los costes para el ciudadano”. Y anuncia que “la Abogacía, que participará en el futuro órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones por la aplicación de esta norma, prestará una atención especial al desarrollo del sistema de resolución extrajudicial diseñado por el Gobierno, velando por los intereses de todos los ciudadanos y aportando soluciones a la problemática social de las ejecuciones hipotecarias. Desde la Abogacía, se recomienda a los afectados por las cláusulas suelo que acudan al asesoramiento del abogado de su confianza para garantizar la mejor defensa de sus legítimos derechos. Los Colegios de Abogados ponen a disposición de los ciudadanos sus Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) entre cuyas funciones están las de informar sobre la viabilidad de las reclamaciones y el beneficio del derecho a la asistencia jurídica gratuita”. El posicionamiento de la Abogacía ha levantado ampollas en un sector que mayoritariamente en twitter ha criticado su postura.


A mitad de la protección

Red Abafi, que agrupa a un centenar de abogados y economistas expertos en derecho bancario, tiene una opinión radicalmente opuesta. Considera que el Real Decreto “se queda a la mitad de la protección” y afirma que “una vez más el legislativo no ha sabido estar a la altura de las verdaderas exigencias de los clientes bancarios”.

 

El punto del Real Decreto con el que se muestran más críticos es el que permite que sean las entidades las que decidan quién tiene o no derecho a reclamar. “Dejar a las entidades bancarias la decisión de quién tienen derecho a reclamar y quién no, y cuál será la cantidad que ofrezcan para someterla a la aceptación del afectado hace recordar al arbitraje de las preferentes de Bankia, en el que sólo el 10% de los perjudicados accedieron al mismo”.

 

Sobre el supuesto colapso judicial que pretende evitar el Real Decreto, desde Abafi creen que se trata de un problema estructural de nuestra justicia que no han provocado los afectados por cláusula suelo. Más bien lo que “en realidad subyace del texto legislativo no es la evitación de ese colapso, sino la simple disuasión de la vía judicial, modificando el sistema de imposición de costas en una injerencia inaceptable a la decisión del Juez conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece quien pierde el pleito, paga, con la única excepción de que hubiera dudas de hecho o de derecho (ninguna, a estas alturas)”.

 

En cuanto a cómo va a tributar la devolución, la consideran “totalmente incomprensible, y lo único que parece quedar claro es que salvo que el cliente acepte que la devolución se produzca mediante la reducción del capital pendiente de su préstamo y no en efectivo, tendrá que presentar una liquidación complementaria por las cantidades indebidamente deducidas en los años anteriores”.

 

Abafi también hace una importante consideración sobre los autónomos y Pymes que han sido afectados por la cláusula suelo, ya que quedan fuera de estos acuerdos a pesar que los juzgados también le están reconociendo su derecho.

 

El abogado Rafael Carrellán, miembro de Abafi, y letrado que ganó la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que desencadenó todo este proceso, ha sido rotundo en su valoración: “El Real Decreto es otra muestra más de la sonrojante realidad según la cual los afectados vuelven a ser despreciados”.


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